La importancia de los programas de cumplimiento para evitar delitos contra la empresa: una cuestión en la que insistir

El cortoplacismo es muy mal compañero de baile de la administración responsable y de la competitividad. Estudios recientes en la materia tienden a concluir que un enfoque excesivo en el corto plazo dificulta que las empresas realicen las inversiones necesarias para construir ventajas competitivas. En el mundo del cumplimiento normativo penal, también se ha abierto hueco una especie de utilitarismo cortoplacista. ¿Me obliga el Código Penal a tener un programa de cumplimiento? ¿Para qué? ¿Qué tiene que abarcar?

En ocasiones, los abogados que nos dedicamos al compliance penal tendemos a dar una respuesta excesivamente legalista a las preguntas anteriores: el Código Penal no te obliga a tener un programa de cumplimiento, pero es la mejor forma de evitar que tu empresa sea sancionada por delitos que sus agentes cometan contra terceros y en beneficio de la empresa. A menudo se nos olvida que el programa de cumplimiento puede valer también, en función de cómo se dimensione el mismo, para evitar que se cometan delitos en contra de la empresa. Hablamos de esos delitos que, sin aptitud para generar responsabilidad penal para la empresa, pueden generar los mismos o mayores costes económicos o reputacionales. A fin de cuentas, ¿por qué teme la empresa ser condenada penalmente? ¿Es solo por las consecuencias del delito o por las consecuencias adversas que puede depararle en términos de reputación, capacidad de generar negocio o competitividad? Pensemos, por ejemplo, en el daño causado al Partido Popular por la condena como partícipe a título lucrativo en una reciente sentencia de la Audiencia Nacional: ¿es mayor el daño patrimonial o el reputacional (de capacidad para captar intención de voto)? La respuesta es clara. 

La sentencia n.º 316/2018, de 28 de junio, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo aborda esta cuestión como obiter dictum. La resolución resuelve un recurso de casación interpuesto contra la sentencia de 2 de mayo de 2017 de la Audiencia Provincial de Toledo, que había condenado al procesado por apropiación indebida y administración desleal. Como es sabido, el Código Penal establece un numerus clausus de delitos susceptibles de generar responsabilidad penal para la persona jurídica y, en esta lista, no están ni el delito de apropiación indebida ni el de administración desleal. Por tanto, ni la sentencia del tribunal a quo ni la de casación condenan a la persona jurídica para la cual actuaba el acusado. 

Los hechos del caso son, resumidamente, los siguientes: el administrador único de una sociedad «A» (el acusado) constituyó junto con la sociedad italiana «B» la sociedad «C» al 50%, quedando los administradores de las dos primeras como administradores solidarios de la tercera, a pesar de que el acusado era quien llevaba a cabo el control efectivo de «C» (el otro administrador residía en Italia). La sociedad «C» se encargaba de la venta de carbón importado, mercancía que estaba sujeta a ventajas fiscales y, por ello, a un régimen legal estricto en cuanto a su almacenamiento completamente separado del carbón comunitario. Abusando de sus poderes como administrador solidario, el acusado realizó una serie de actos de disposición en beneficio propio y en perjuicio de «C», entre ellos, mezcló el carbón importado con carbón nacional de peor calidad para mejorar la calidad del carbón que seguía vendiendo desde la sociedad «A» ―carbón nacional―, en detrimento de la calidad del carbón importado que vendía la sociedad «C», razón por la que esta tuvo que pagar a la Administración Tributaria más de setecientos mil euros tras una sanción.

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Ver artículo completo publicado en el Boletín RC y Seguros número 59 >>


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