2020: ¿año perdido? (Tribuna de Luis Alfonso Fenández en el BDS)

En años como el que acaba de finalizar es difícil apreciar aspectos positivos; incluso podemos dejarnos llevar por una visión pesimista y pensar que nada beneficioso o incluso mínimamente relevante ha ocurrido. Lo mismo puede pasar cuando nos fijamos en la normativa que afecta al sector asegurador: ¿ha sucedido algo realmente interesante en 2020? Por supuesto que sí. Un año da para mucho, como demuestran tres hitos normativos cuya importancia ya ha empezado a sentirse y cuyo efecto se prolongará durante años.

El primero, y probablemente el más importante, fue la aprobación del Real Decreto Ley 3/2020, publicado en el BOE en el ya lejano mes de febrero. Con esta norma por fin se transponía a nuestro ordenamiento la Directiva de Distribución de Seguros (IDD), aunque lamentablemente seguimos inmersos en la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de Distribución que, de forma incomprensible, aún no ha concluido y probablemente no lo hará hasta la próxima primavera, en el mejor de los casos. Es evidente que este retraso no es atribuible a la Covid-19; no es posible escudarse en la pandemia para llegar a la conclusión de que con un mayor interés político podría haber finalizado ya y de una vez por todas la tramitación de una norma esencial para el sector asegurador español. 

A pesar de que parece claro que la futura Ley no contendrá novedades relevantes respecto del Real Decreto Ley 3/2020, el hecho de que pueda tenerlas y, sobre todo, que circunstancias tan importantes como, por ejemplo, las nuevas normas sobre formación de los distribuidores de seguros dependan de la aprobación de la Ley, no hacen más que generar inseguridad jurídica y nos llevan a preguntarnos si ha sido materialmente imposible tramitar la norma como Proyecto de Ley con más celeridad (recordemos que el artículo 86 de la Constitución establece que las Cortes tramitarán estos proyectos de ley por el trámite de urgencia) o si ello se ha debido a una inexcusable falta de iniciativa política (o de interés, lo que sería aún más grave). Desde esta perspectiva, parece claro que 2020 no ha sido un año debidamente aprovechado en materia de distribución, pues podríamos haber finalizado ya con la interminable transposición de la IDD. En ello seguimos. 

Además de la transposición de la IDD, en 2020 se aprobó por fin el sandbox español, lo que constituyó sin duda una muy buena noticia, aunque tal aprobación se produjo con un retraso igualmente difícil de entender e injustificado, habiéndose perdido la ventaja inicial que tenía el proyecto español respecto de los de otros países, víctima de nuestras vicisitudes políticas (tampoco podemos responsabilizar al Covid de lo que nos sucede por carecer del impulso que sí han tenido esos otros países). Hemos perdido todo un año con nuestras dudas y falta de iniciativa. Ahora toca aprovechar el instrumento normativo del que disponemos para que el Seguro sea capaz de seguir desarrollando el ecosistema insurtech. Sin embargo, parece que son los otros jugadores del sector financiero los que van a aprovechar esta oportunidad: da la impresión de que a corto plazo el sandbox será un instrumento más de fintech que de insurtech. Es el turno de la iniciativa privada y de que los promotores de proyectos innovadores de insurtech hagan uso de este instrumento sin esperar a ver qué sucede con los proyectos de otros ámbitos del sector financiero.  

Y por último nos encontramos con la normativa que ha llegado con el final de 2020 y que ha hecho honor a este año tan aciago: como regalo de fin de año nos encontramos con la subida del IPS y las limitaciones a las aportaciones a los planes de pensiones. No es este el lugar para criticar en profundidad medidas absolutamente incomprensibles que a nada llevan, más que a apartarnos de las tendencias legislativas de los países de nuestro entorno. La subida del IPS impactará en las ya de por sí debilitadas economías de familias y empresas, que deberán asumir un coste mayor por los productos de seguro que suscriban y supondrá una clara desincentivación para la suscripción de seguros voluntarios, lo que tendrá el correspondiente impacto en el mercado. La menor contratación de seguros incrementará la desprotección de los asegurados (muchos de los cuales dejarán de serlo) precisamente cuando más débiles son y más necesitan esa protección. Y esta subida se une, además, al endurecimiento del mercado, lo que puede llevar a que muchas empresas opten por no asegurarse, lo que puede provocar crisis empresariales en caso de siniestros graves. 

En cuanto a las limitaciones para los planes de pensiones, es una medida que contraviene la tendencia internacional y europea de estimular los planes de pensiones privados, tal como se recoge en el Libro Verde y Blanco de la Comisión Europea y como queda demostrado por la creación por la UE de un instrumento europeo de ahorro individual (Producto Paneuropeo de Pensiones Individuales). Más que perdido, 2020 ha sido incorrectamente “utilizado” para penalizar el ahorro privado sin justificación alguna, porque este ahorro en ningún caso genera un perjuicio al sistema público de pensiones, sino que contribuye a una mejor cobertura social. 

No ha sido esta una buena forma de terminar el 2020. Confiemos en que el 2021 nos traiga, al margen de lo más importante, que es obviamente superar la pandemia, mayor confianza en el futuro y una mejor política legislativa para el sector asegurador.


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