Diego Espigado en La Ley: La inviolabilidad (irresponsabilidad) del rey emérito por hechos presuntamente delictivos cometidos durante su jefatura del Estado

La aparición de noticias sobre las presuntas comisiones ilícitas pagadas al rey Juan Carlos con motivo de las adjudicaciones de las obras de construcción del AVE a La Meca han vuelto a traer a la escena del debate jurídico la inviolabilidad del rey y sus límites, tanto materiales como temporales. 

Entre los estudiosos en la materia podríamos distinguir entre quienes consideran que la inviolabilidad implica una absoluta exención de responsabilidad por cualquier hecho (también delictivo) cometido durante la jefatura del Estado del monarca y quienes, en contra, consideran que esa irresponsabilidad está limitada, bien a las potenciales responsabilidades penales, bien a responsabilidades de cualquier naturaleza pero siempre que se emanen de hechos cometidos en el ejercicio de su cargo. Un segundo punto de debate se centra en el alcance temporal de esa inviolabilidad: en si es posible proceder judicialmente contra el rey Juan Carlos ahora que, tras su abdicación, ya no es inviolable.

En mi opinión, la inviolabilidad supone una absoluta exención de responsabilidad por cualesquiera hechos cometidos por el monarca, sean de su vida privada o de la esfera pública. Una interpretación sistemática de la Constitución y de la Ley Orgánica del Poder Judicial conducen indefectiblemente a esa conclusión. Allí donde el constituyente quiso establecer límites a la irresponsabilidad, lo hizo, por ejemplo, cuando otorgó inviolabilidad a los parlamentarios en concreto por las opiniones emitidas en ejercicio de sus funciones públicas. De igual modo, cuando quiso instituir aforamientos, también distinguió perfectamente cuándo el tribunal del foro debía de conocer de cualesquiera causas contra el aforado o solo de las causas por hechos cometidos en ejercicio de  aquellas funciones.

Por último, para ser coherente con el diseño de la inviolabilidad de los parlamentarios, esa exención absoluta de irresponsabilidad exige entender que el monarca no ha podido cometer un delito por faltarle el requisito de la punibilidad. Ese requisito no puede florecer tras la abdicación, por lo que la inviolabilidad bloquea también cualquier posibilidad de apertura de procesos penales contra el monarca con posterioridad a esa abdicación.

Para leer el artículo completo de Diego Espigado, asociado sénior del área de Investigaciones Internas, Compliance y Penal Económico, publicado en el Diario La Ley, haz clic aquí.


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