COVID-19 | España - Riesgos penales para las empresas y su personal tras un mes del Estado de Alarma

La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto mayúsculo en nuestro ordenamiento jurídico, no ya solo por la declaración del estado de alarma, sino por la ingente cantidad de normas excepcionales que se han promulgado estos días. Transcurrido apenas un mes desde la declaración del estado de alarma, se han aprobado ya más de cincuenta resoluciones, instrucciones y órdenes ministeriales relacionadas con la COVID-19 y hasta seis reales decretos leyes (ocho si contamos los de 10 y 12 de marzo, también relacionados con la pandemia pero antes del estado de alarma). El cambio del panorama legal ha sido increíble.

La pandemia y los cambios normativos han acelerado la actividad de la Administración. Se calcula que se han solicitado alrededor de 450 000 expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que afectan a cerca de 3,2 millones de trabajadores, una cifra que supone el 16 % del número de afiliados a la Seguridad Social ocupados en diciembre de 2019 (19,4 millones).

Además, las empresas han tenido que adaptarse a las circunstancias. Muchas de ellas partían de una situación en la que el teletrabajo era, además de una posibilidad, una realidad en creciente aplicación; otras estaban en situación diametralmente opuesta o directamente les era imposible teletrabajar. La aprobación de la llamada "hibernación de la economía" por Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo, para aquellas empresas que no prestaban servicios esenciales, que no habían paralizado con la declaración del estado de alarma y que tampoco podían teletrabajar obligó a muchos empleados que hasta entonces seguían acudiendo a su puesto de trabajo a cumplir un confinamiento estricto también los días laborales.

La velocidad con que se han producido tan abundantes cambios normativos, el atasco de la Administración, sobre todo de las entidades gestoras de la Seguridad Social, y la imposibilidad de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad controlen los incumplimientos supone un cóctel idóneo para determinados ilícitos penales. Respecto de aquellos trabajadores cuya actividad cesó por la hibernación de la economía (Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo), su vuelta al trabajo obliga a los empresarios a atender con especial cuidado las medidas de seguridad y salud que deben implantar y hacer cumplir. Respecto de aquellos trabajadores que nunca han cesado o que cesaron temporalmente porque han podido continuar o retomar la actividad en modalidad de teletrabajo, la situación puede ser aún más novedosa, aunque igualmente arriesgada.

Dejando de lado aquí los delitos que se pueden cometer en un ámbito ajeno al empresarial (como la desobediencia por incumplir las medidas de confinamiento), abordaremos las situaciones de mayor riesgo que se han podido producir durante este mes de estado de alarma.

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