Aquellas otras enfermedades

Virginia Martínez opina sobre la modificación de la Ley del Contrato de Seguro operada por la Ley 4/2018, que prohíbe "discriminar a las personas que tengan VIH/SIDA u otras condiciones de salud" y aboga por una interpretación razonable de esta disposición, en un artículo publicado por BDS-Inese.

El pasado martes, 12 de junio, se publicó en el BOE la Ley 4/2018, de 11 de junio (la ''Ley 4/2018''), por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre (el ''TRLGDCU'').

Esta Ley 4/2018 tiene por objeto fundamentalmente eliminar del ordenamiento jurídico aquellos aspectos que limiten la igualdad de oportunidades y promuevan la discriminación por ser portadoras del VIH/SIDA. La normativa, aprobada ya por el nuevo gabinete presidido por Pedro Sánchez, aunque tramitada con anterioridad a su toma de posesión, tiene su origen en la iniciativa aprobada por el Pleno del Parlamento de Navarra, en sesión de 19 de enero de 2017, en el ejercicio de las previsiones contenidas en el artículo 87.2 de la Constitución Española, a raíz de una Proposición de Ley presentada por los Grupos Políticos de Unión del Pueblo Navarro, Geroa Bai, EH Bildu Nafarroa, Podemos-Ahal Dugu y Partido Socialista de Navarra y la A.P.F. de Izquierda-Ezkerra, con el propósito de erradicar ''el estigma social y la discriminación legal de las personas seropositivas''.

En concreto, la Ley 4/2018 modifica tanto la TRLGDCU como la Ley 50/1980, de 8 de octubre, del Contrato de Seguro (en adelante, la ''LCS''). Así, se ha introducido en la LCS una Disposición Adicional Quinta que prevé que no se podrá discriminar, en el ámbito de los seguros, a las personas que tengan VIH/SIDA u otras condiciones de salud en los siguientes términos:

''No se podrá discriminar a las personas que tengan VIH/SIDA u otras condiciones de salud. En particular, se prohíbe la denegación de acceso a la contratación, el establecimiento de procedimientos de contratación diferentes de los habitualmente utilizados por el asegurador o la imposición de condiciones más onerosas, por razón de tener VIH/SIDA u otras condiciones de salud, salvo que se encuentren fundadas en causas justificadas, proporcionadas y razonables, que se hallen documentadas previa y objetivamente''.

La Ley 4/2018 entró en vigor el mismo 12 de junio y resulta de aplicación a las cláusulas, estipulaciones, condiciones o pactos que se suscriban o que, ya suscritos, sean aplicables.

Por tanto, se prohíbe específicamente a las entidades aseguradoras, ya desde este momento, denegar el acceso a la suscripción de una póliza de seguro o establecer procedimientos de contratación diferentes de los habitualmente utilizados o imponer condiciones más onerosas (por ejemplo, exclusiones o restricciones de cobertura) por el mero hecho de tener VIH/SIDA u otras condiciones de salud, salvo que se encuentren fundadas en causas justificadas, proporcionadas y razonables (documentadas previa y objetivamente). Ello obligará a las aseguradoras (fundamentalmente a aquellas que ofrezcan seguros de vida, asistencia sanitaria, enfermedad y accidentes) a revisar tanto sus políticas de contratación como las coberturas de sus pólizas.

Ahora bien, la redacción elegida por el legislador en la Disposición Adicional Quinta de la LCS ha dejado la puerta abierta a importantes debates interpretativos en relación con la extensión de la prohibición.

Y es que, a pesar de que en la Proposición de Ley aprobada en el Parlamento Navarro se hacía referencia exclusivamente al VIH/SIDA (sin perjuicio de que se previese la posibilidad de que, en el plazo de un año, se determinase la aplicación de los mismos principios a "otras enfermedades"), en la redacción final de la LCS, aprobada por las Cortes Generales, se amplió la nulidad a cualquier cláusula que discrimine o excluya a personas que tengan (sic) ''otras condiciones de salud''.

Así, a pesar de que parecería que, teniendo en cuenta el origen de la norma (como decimos, la erradicación del estigma social o connotaciones negativas que siguen persiguiendo aun a día de hoy a las personas seropositivas), el inciso ''otras condiciones de salud'' debería entenderse referido exclusivamente a otras condiciones médicas asociadas a la seropositividad o, como mucho, a otras enfermedades respecto a las que pueda considerarse que se aplican los mismos efectos excluyentes o discriminatorios que el VIH/SIDA, es decir, que puedan suponer igualmente un estigma social (y no a cualquier enfermedad común).

Ahora bien, el hecho de que la Disposición Adicional Quinta (apartándose de la redacción inicial propuesta por el Parlamento de Navarra) se refiera de manera amplia y genérica a la prohibición de aquellas medidas adoptadas por las aseguradoras que impliquen discriminación ''por razón de tener VIH/SIDA u otras condiciones de salud'' podría dar lugar a interpretaciones extensivas e indeseables por parte de nuestros jueces y tribunales, que podrían considerar prohibida la denegación del acceso al contrato de seguro o podrían declarar nulas las exclusiones de cobertura a personas que sufren enfermedades comunes (salvo que la aseguradora lograse probar que sus políticas de suscripción o las exclusiones están fundadas en causas justificadas, proporcionadas y razonables documentadas previa y objetivamente). Como siempre en estas materias, hubiera sido deseable que la mención legal hubiera sido contextualizada mejor; sirva de disculpa al legislador, el que sin duda las Cortes Generales han tenido mayores preocupaciones en las últimas semanas.

Confiemos en que reine una interpretación razonable, ligada al origen de la iniciativa, y ajustada a los intereses del mercado, tanto por parte de los consumidores de seguros, como de la industria que ha de cubrir sus necesidades de aseguramiento.

Artículo publicado en BDS-Inese>>


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